Entre
gallos y medias noches, le dieron el Ok a Botnia en Chile
9 noviembre 2007
Ante
la confirmación por parte del ministro de Vivienda, Ordenamiento
Territorial y Medio Ambiente, Mariano Arana, de que la planta de celulosa
de la empresa finlandesa Botnia en Fray Bentos quedó habilitada
para comenzar a funcionar, REDES-Amigos de la Tierra Uruguay, el Grupo
Guayubira, la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida
(CNDAV) y RAPAL-Uruguay rechazan rotundamente esa decisión. Reiteran
sus críticas a la profundización del modelo forestal y
celulósico, que conducirá a la muerte del anhelado proyecto
del "Uruguay Natural" y que atenta contra la Reforma Constitucional
que prioriza el uso del agua para consumo humano.
En la jornada de
este jueves en Chile se dio a conocer oficialmente la decisión
de otorgar la habilitación a Botnia para poner en funcionamiento
su planta en Fray Bentos, sobre la margen oriental del Río Uruguay.
Botnia tiene plantadas unas 140 mil hectáreas de eucaliptos y
planea producir un millón de toneladas anuales de pasta de celulosa
en lo que será un gigante emprendimiento celulósico para
nuestro país pero no el único. Existen cinco proyectos
más anunciados oficialmente (de las empresas ENCE de España,
Stora Enso de Suecia-Finlandia, Portucel de Portugal, International
Paper de Estados Unidos y Nippon Paper Industries de Japón).
Otra compañía, la estadounidense Weyerhaeuser, con más
de 140 mil hectáreas forestadas en nuestro país con pinos
y eucaliptos, ha deslizado en varias oportunidades que no descarta la
posibilidad de construir una planta de celulosa. Uruguay se convertirá
así en el basurero de la producción de celulosa del mundo.
Más allá
de las consecuencias medioambientales que el emprendimiento de Botnia
pueda traer, lo que se pone en jaque es el proyecto de un modelo de
desarrollo sustentable. Es que este modelo forestal celulósico
conduce a la escasez de agua en las zonas con plantaciones de árboles,
al deterioro del suelo, a una creciente latifundización y extranjerización
de la tierra y al éxodo campo-ciudad de los pequeños productores
rurales.
Los monocultivos
consumen una gran cantidad de agua subterránea y reducen su caudal
al extremo, como ha sido denunciado en Rocha, Rivera, Tacuarembó,
Río Negro, Paysandú, Lavalleja. En el caso más
emblemático, los chacreros de Mercedes denuncian la escasez de
agua en sus tierras desde 1995. Como consecuencia de ello, unas 150
familias deben ser asistidas por camiones surtidores de agua potable
de la Intendencia de Soriano, los cuales no llegan a cubrir de todos
modos las necesidades de los productores. A esto se suma la gran cantidad
de agrotóxicos que se utilizan en las plantaciones y que contaminan
el agua.
También se
ha denunciado en varias oportunidades las paupérrimas condiciones
laborales de los trabajadores forestales y la ilusión de crecimiento
laboral que crean las empresas del sector, que en realidad emplean mucha
menos mano de obra que otros sectores del agro.
El proyecto de Botnia
lesiona asimismo la ciudadanía del pueblo uruguayo, que tendrá
escasas posibilidades de que se tomen en cuenta sus demandas contra
la empresa en caso de contaminación, por la vigencia del Tratado
de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones
de Uruguay y Finlandia, que beneficia a la compañía.
A poco más
de una semana de realizados los comicios presidenciales en Argentina
y a espaldas a la cumbre de presidentes, el gobierno uruguayo otorga
la autorización a Botnia. Lo hace luego de una extensa agonía,
pautada por un conflicto binacional sobre el cual se buscó centrar
la atención, dividiendo los ánimos de las ciudadanías
de uno y otro país con un tinte xenófobo que poco ha ayudado
a discutir las cuestiones de fondo a las que arriba referimos. Desde
la Cumbre de Presidentes Iberoamericanos en Chile nuestro país
sentenció de muerte al Uruguay Natural y al modelo productivo
sustentable basado en la equidad social.