Moratoria
a nuevos cultivos transgénicos: tiempo de debatir e informar
6 de febrero 2007
El día 29 de enero el Poder
Ejecutivo decretó la suspensión por 18 meses del ingreso
de nuevos organismos genéticamente modificados de origen vegetal
a partir de la firma de ese decreto.
Es importante recordar que en
nuestro país ya se están sembrando tres cultivos transgénicos:
la soja Roundup Ready (RR) y dos variedades de maíz (el Mon
810 BT y el BT 11), pertenecientes a las multinacionales Monsanto
y Syngenta.
La soja RR fue introducida en
nuestro país en 1999 sin que la sociedad en su conjunto se
enterase y en la zafra 2005-2006 se sembraron 300.000 hectáreas
de la misma. De acuerdo al Instituto Nacional de Semillas, el 100%
de la semilla que se encuentra en el mercado de soja es transgénica:
El maíz transgénico fue autorizado en el 2003, pero
este segundo cultivo transgénico generó resistencia
por parte de la Sociedad Civil, así como de algunas autoridades
de gobierno y de la academia.
A la fecha, el 40% del maíz
sembrado es transgénico. Legalmente en Uruguay tenemos tres
cultivos transgénicos aprobados (la soja RR y el maíz
MON 810 y BT11), pero la realidad es mucho más compleja que
esto. De acuerdo a la Cámara de Semillas del Uruguay, durante
el 2005 entraron al país 95.000 toneladas de maíz como
grano desde Argentina. Dentro de estas semillas podrían fácilmente
haber sido introducidas cualquiera o todas las variedades de maíz
transgénico aprobadas en Argentina (maíz RR).
Por lo tanto, es importante señalar
que este decreto se refiere únicamente a la autorización
de nuevos cultivos transgénicos y no a los que ya existen
ni a la contaminación que podría existir por los transgénicos
entrados desde Argentina como alimento avícola. Sin embargo
el decreto contiene varios aspectos positivos;
- este decreto es un símbolo
de la preocupación de las autoridades por los impactos
ya demostrados sobre el ambiente, la salud y el sistema productivo
que han causado los cultivos transgénicos, tanto en nuestro
país como en la región. Uno de los impactos más
visibles ha sido el aumento del uso de agrotóxicos y por ende
una contaminación del suelo, del agua y del aire y la pérdida
de calidad de la salud de la gente aun no cuantificados científicamente.
- muestra un cambio de
posición en relación al gobierno del Presidente
Jorge Batlle ya que llama a un proceso de revisión por un grupo
de trabajo interministerial compuesto por los ministerios involucrados
(Ganadería Agricultura y Pesca, Salud Pública, Vivienda
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y Economía y Finazas),
que estará a cargo de diseñar los lineamientos y políticas
sobre biotecnologías incluyendo la participación de
los diversos sectores interesados o grupos de opinión, especialmente
del sector privado, la sociedad civil y la academia.
- el reconocimiento que hace DE
la importancia de nuestras praderas, destacando que
la principal riqueza en biodiversidad que el país posee se
encuentra en “sus pasturas naturales”. Importancia que
debería ser tenida en cuenta en la evaluación que se
viene llevando a cabo desde el 2005 del trébol blanco transgénico
en la estación La Estanzuela del INIA. De aprobarse este cultivo,
destruiría la principal riqueza en biodiversidad que nuestro
país posee.
Hacemos un reconocimiento público
por esta moratoria y esperamos que éste sea un primer paso
para impulsar un debate público e informado sobre los impactos
que estos cultivos están causando y podrán causar en
nuestro país. Aspiramos a que este decreto posibilite una instancia
REAL de discusión e información acorde a un cambio de
política y conducción del país, y que no se transforme
en un mero instrumento para dar tiempo a que se cree un Marco Regulatorio
a la medida de las transnacionales.
Esperamos también que esta
instancia sirva para llevar acabo estudios serios y en profundidad
sobre los impactos para la salud humana y las amenazas al medio ambiente
que implican los cultivos transgénicos y que se realice una
evaluación de los costos y los beneficios posibles para toda
la sociedad uruguaya -incluyendo aspectos ambientales, sociales, económicos
y de salud-.
Es importante señalar
que estos tres elementos fundamentales; evaluación a fondo,
debate informado y participación real en la toma de decisiones,
no tuvieron lugar en el proceso que precedió a este decreto,
el “Comité Nacional de Coordinación del Proyecto
“Desarrollo del Marco Nacional de Bioseguridad” lo que
condujo a su virtual acta de defunción. Corresponde a todos
los actores involucrados, y en particular al Estado, no dejar que
eso vuelva a ocurrir.
Instamos a que este decreto sea
una herramienta para que la sociedad en su conjunto pueda
elegir entre un Uruguay Natural con biodiversidad o un país
inundado de transgénicos, entre dependencia y soberanía
alimentaria, entre alimentos sanos o contaminados con venenos; entre
productores agropecuarios o agronegocios empresariales dirigidos por
las multinacionales; entre reforma agraria o latifundización
y extranjerización de la tierra. En definitiva, entre una producción
ambientalmente sustentable y socialmente equitativa o un modelo agroindustrial
que ya ha demostrado ser social y ambientalmente destructivo.
RAPAL Uruguay - 6 de Febrero
2007