La
certificación como instrumento de dominación - Mario
Mejía Gutiérrez
De la Revista Biodiversidad,
sustento y culturas Nº 43
Se ha privilegiado la construcción de un sistema agrícola
productor de alimento sano con base en consideraciones económicas
y ecológicas: el discurso de las sustentabilidades, el punto
de encuentro de los tres círculos. Es imprescindible recordar
la existencia de valores, principios y propuestas sociales de mayor
categoría que lo económico y lo ecológico, en
particular elementos morales, éticos, históricos, filosóficos,
políticos, religiosos y espirituales; desde luego, sin agotar
la lista, aportamos algunos ejemplos: verdad, bondad y belleza, la
trilogía de
Mokiti Okada, formulador de la agricultura mesiánica; justicia,
como lo señala la propuesta agrícola de Nitiren; amor
y perdón, como lo planteó Jesús; compasión,
si seguimos a Buda; las virtudes de la iluminación personal,
al estilo de Lao Tse: austeridad, laboriosidad, humildad, lealtad;
libertad en relación con la paz, la democracia, el ejercicio
de
la propia cultura, el derecho a ser... ¿Se podrá construir
un sistema social de relación solidaria perdurable entre productor
de alimentos sanos y consumidor comprometido solamente con argumentos
económicos y ecológicos?
La visión económica
El número 21 de abril
de 2004 de la Revista Semillas aporta
consideraciones interesantes; veamos las de Angela Gómez y
Laercio
Meirelles.
Angela titula su artículo
con la siguiente pregunta ¿La agricultura orgánica,
una acción de resistencia o un mecanismo más de sometimiento?
Después de algo así como veinte años de trabajo
de ONGs de desarrollo rural en el área de Riosucio, Caldas,
Colombia, y en particular en zona de caficultura campesina e indígena,
la autora concluye: "Al interior de las
organizaciones (populares) los procesos para desarrollar sistemas
de producción agroecológica teniendo en cuenta elementos
productivos, socioculturales y económicos, pierden peso y significancia
cuando se hace
mayor énfasis en las ventajas económicas representadas
en el sobreprecio". Y nos cuenta la autora, que caficultores
orgánicos dejan de consumir su propio café, prefiriendo
marcas convencionales, para no perderse una ínfima fracción
del sobreprecio. Es la cultura del producto orgánico para la
exportación, soportado por una legión parásita
de inspectores, certificadores y reglamentos.
Se excluye la opción de
ser ecológicos a nuestra manera, autónomamente, frente
a la imposición de la norma extranjera. Después que
se cumplan ciertas tecnologías limpias, no importa que el café
provenga del sistema
latifundiario o empresarial de monocultivo. Y se pregunta la autora
si es el campesino ecológico un sujeto de su agricultura, o
un objeto industrial, dentro de un sistema en el que las certificadoras
lo controlan, sin concederle la menor participación ni en la
estructura ni en el funcionamiento de las mismas.
Laercio Meirelles, del Centro
Ecológico Ipé, Red Ecovida, Brasil, apelando a sus quince
años de experiencia en producción y comercialización
de productos orgánicos se declara "contrario a la exigencia
legal de certificación para la comercialización de productos
orgánicos" argumentando, por un lado, los costos insoportables
de la certificación (este sistema parásito ya está
desarrollando cadenas de certificación para diferentes procesos
de producción de un mismo producto); por otro lado, y esto
es lo peor, las certificadoras se asumen por encima de las organizaciones
de agricultores familiares, condicionándolas e imponiéndoseles,
negando la existencia de opciones de credibilidad en la base popular.
Pero también la certificación burocratiza el proceso
de producción y comercialización. Para Meirelles la
alternativa a la certificación es un sistema en que "la
credibilidad es generada a partir de la seriedad conferida a la palabra
de la familia agricultora, y se legitima socialmente, de forma acumulativa,
en las distintas instancias organizativas que esta familia integra".
Para Meirelles la agricultura
orgánica se sustenta principalmente en un proceso ético,
antes que económico y aun antes que ecológico. Y lamenta
que "lo que en un primer momento fue una iniciativa de los propios
agricultores para diferenciar el
fruto de su trabajo, con una marca que los identificase, acabó
transformándose en un intrincado mecanismo que envuelve leyes,
normalizaciones, acreditaciones, inspecciones, contratos, certificados,
sellos y fuertes intereses comerciales". Y por último,
el sobreprecio elitiza el consumo, aleja de los pobres el producto
sano, al que tiene
derecho cualquier persona. Con demasiada frecuencia, y casi como norma
general, proyectos de la base
popular, apoyados en fondos de cooperación internacional, hacen
del sello ecológico un objetivo inmediato, desde luego trasladando
parte sustancial de aquellos fondos a las certificadoras, y, logrado
esto se posesionan en
el terreno de las exportaciones o de los mercados de cadena locales:
paradoja en que sectores pobres cierran sus conciencias frente a sus
intereses de clase, para mejorar aún más la calidad
de vida de los consumidores extranjeros y de las élites locales.
Pero es más: la cooperación internacional impone su
visión política, transformando sectores populares en
agentes serviles de las culturas industriales.
Pero no todo es negativo. Al
lado de la visión fundamentalmente económica de la agricultura
limpia se ensayan otros procedimientos, independientes de la certificación,
como lo son: en el campo de las exportaciones, el
comercio justo, al estilo de Max Havelaar desde 1997, lamentablemente
a veces viciado por el control de los exportadores; el desarrollo
de líneas de productos para el consumo popular local, del que
son ejemplo el café
Madremonte de ACOC - Café sano, en Riofrío, Valle, Colombia;
la creación de relaciones directas entre productores pobres
y consumidores de barrio popular, como es el caso de las Escuelas
Ecológicas Campesinas del Eje Cafetero; el mercado ciudadano
de excedentes (primero, el consumo familiar) en la ciudad de Cali,
por el grupo de Productores Orgánicos de Guacarí Valle,
Colombia; la aproximación a asociaciones campesinas con
tendencia orgánica de programas gubernamentales de asistencia
alimentaria a sectores poblacionales vulnerables; y desde luego, un
número considerable de productores rurales que derivan a la
práctica de la
agricultura orgánica por convicción, o excluidos de
la agricultura de la revolución verde por el alto costo de
los insumos y la peligrosidad de los agrotóxicos.
El PDPMM Programa de Desarrollo
y Paz del Magdalena Medio, dirigido por el internacionalmente condecorado
padre jesuita Francisco de Roux es el proyecto de mayor envergadura
rural en Colombia, y además ha acogido
elementos de agricultura orgánica. Como corresponde a un proyecto
de miles de millones de pesos aportados por el Banco Mundial y la
Comunidad Europea, el criterio dominante es económico, y la
orientación a la base
agricultora se realiza mediante un equipo de técnicos. Una
de las preocupaciones conclusivas del gigantesco proyecto es el hecho
de que el elevamiento del nivel popular de ingresos deriva a consumos
orgiásticos.
Una de las características
observadas en la agricultura orgánica de exportación
en Colombia por la vía empresarial es la de que el producto
menosprecia el mercado local, como es el caso del aceite de palma
y del
banano de una conocida firma del Caribe.
La visión económica
de la agricultura orgánica está derivando en situaciones
inconcebibles. Del 5 al 7 de julio de 2004 se realizó en Roma
la Primera Conferencia Mundial de Semillas Orgánicas (First
World Conference on Organic Seed), con participación de la
FAO y la Federación Internacional de las Semillas. Y (¡quién
lo creyera!) fue convocada por la International Federation of Organic
Agricultural Movements (IFOAM); desde luego, para profundizar el control
sobre las semillas orgánicas, someterlas a la certificación
y trasladarlas a la mpresarialidad de las transnacionales. Vienen
a llevarse todo, hasta lo sagrado. Pronto en una sola transnacional
observaremos tres divisiones hermanadas: la de los agroquímicos,
la de los transgénicos y la de los ecológicos: alcabo,
"business are business"; en ausencia de moral y de ética,
sólo cuenta el dinero.
La visión autoritaria
La certificación es el
mecanismo policial de la visión económica de la agricultura
limpia. Desechada la ética y adoptada la tasa de ganancia como
base de construcción de una relación entre productor
y consumidor, no
quedó otro camino que el del mercado autoritario, policíaco
e insolidario, donde media toda una legión de parásitos:
expertos, consultores, asesores, dignatarios de organizaciones, inspectores,
exportadores... verdaderos dueños del movimiento, los cuales,
por lo regular, ni han sido ni serán productores en el campo
agrícola.
La certificación es un
invento europeo que se inicia con el reglamento 2092, de junio de
1991, del Consejo de la Unión Europea. En esto no fue ajena
la IFOAM, la que fundada en 1972 cuenta actualmente con el voluntariado
de alrededor de setecientas organizaciones de 101 países. Decidida
la política de la importación de alimentos sanos, con
sobreprecio, a los países enriquecidos de Europa Occidental,
la vía regulatoria para prevenir trampas se impone, y su cumplimiento
es confiado a las certificadoras: el poder para las certificadoras
como órganos de
control, de dominio sobre el productor. Establecidas con la resolución
2092 las condiciones del comprador, del importador, del dominador
del comercio, vienen luego los condicionamientos locales para el productor,
donde el exportador se lleva las partes del león.
A modo de ejemplo, el
caso colombiano
En el caso colombiano rige la
resolución 074 del año 2002, sobre la cual haremos algunos
comentarios.
a) En primer lugar, su carácter
exclusivamente autoritario, desconociendo cualquier rudimento de procedimiento
democrático, así fuera por parte de organizaciones del
movimiento orgánico, ya no del orden nacional pero ni
siquiera del orden latinoamericano; en segundo lugar, la concepción
del oficio del productor orgánico como sujeto de un procedimiento
preexistente, de una tecnología prefijada, y no de un proceso
creativo, dinámico, cambiante, colectivo, autónomo,
a condiciones regionales; así, la agricultura orgánica
no la crea el productor sino que la condiciona la norma y sus guardianes,
las certificadoras.
b) En su artículo segundo
la resolución 074 crea dos clases de productores: por inclusión,
los legales, los reconocidos por la certificación, los capaces
de pagar por el requisito, los empresarios, los ricos, los exportadores;
y por exclusión, los pobres, los pequeños, los incapaces
de pago, precisamente el sector más promisorio para la construcción
de una sociedad que realice el derecho al alimento sano para
todos: un ladrillo más del edificio de una sociedad descaradamente
injusta, donde el Estado se niega a apoyar a los agricultores no certificados(1).
Todo el poder para las certificadoras, entidades de servicio comercial,
con ánimo de lucro, carentes de la capacidad creativa para
resolver las interrogantes y tomar las decisiones a las que les da
atribución la resolución 074.
c) En su artículo 12 se
establece la medida dictatorial totalitaria del empadronamiento: el
productor tiene que inscribirse en un programa de certificación,
a partir de cuya fecha comienza a correr el primer requisito: el periodo
de conversión. El previo consentimiento y satisfacción
de la entidad certificadora queda establecido en el Capítulo
VI, donde solo faltó que la respiración del productor
se sometiera a la autorización de la certificadora, y donde
desde luego se desconoce la existencia de más de veinticinco
escuelas y paradigmas de agriculturas alternativas, además
de la permanente capacidad creativa del agricultor. En el Anexo I,
de veintisiete aditivos al suelo, 15 están referidos a consulta
con la certificadora.
d) En el artículo 6 se
excluye del uso en agricultura orgánica los organismos transgénicos
vivos. Y aunque el parágrafo 2 del artículo 15 da prioridad
a las semillas nativas, ese artículo y el 18 sobre pies de
cría animal, no excluyen las semillas y razas patentadas, como
es el caso de las semillas científicas y de toda la industria
aviar moderna. Así queda burlada la agricultura orgánica
como alternativa frente a la privatización de la vida. Pero
es más: el Estado colombiano, aliado de las trasnacionales
de la biotecnología, le pasa el peso de la prueba al
agricultor (artículo 39), quien queda con la misión
de exigirle a los proveedores de semillas o insumos una declaración"
de que éstos no son transgénicos.
Pero aquí no acaba
el asunto
Hacemos notar el contraste de
esta visión autoritaria de la agricultura orgánica con
el tratamiento de "mangas anchas" y de apoyo que se otorga
a la agricultura de agroquímicos y de transgénicos.
Desde luego, en la
aludida resolución no aparece la más mínima referencia
a la justicia social como elemento rector de la producción
rural: lo mismo da certificar un "gamonal" o caudillo latifundiario
que una organización de campesinos pobres. Al fin y al cabo
se trata sólo de tecnologías.
Pero aquí no acaba este
asunto autoritario. La resolución 0148 de 2004 del Ministerio
de Agricultura de Colombia, crea ¡por fin! el sello ecológico
y lo hace invocando el artículo 78 de la constitución
de 1991, que le ordena
en su primer párrafo al Estado proveer los medios para la debida
información al consumidor y vigilar la calidad: desde luego,
no se han tomado medidas con respecto a alimentos transgénicos
o producidos con agroquímicos; tampoco se ha construido el
sistema correspondiente a los otros dos párrafos del artículo
78: el de la responsabilidad de los industriales y de las transnacionales
por sus "maravillosos" productos; y el de la participación
de las organizaciones de consumidores en las disposiciones estatales.
Esta resolución se apodera
de un zarpazo del trabajo civil de más de veinte años
declarando en su artículo segundo que el sello es de propiedad
de la Nación, depositado en el Ministerio, el cual a su vez,
lo cede en
administración a las certificadoras (artículos 6 y 7).
Todo el poder para las certificadoras. Y desde luego, la medida totalitaria
del empadronamiento para acceder ¡por fin! al sello. Si usted
es crítico del gobierno ¿accederá? Y desde luego
la novedad de la definición de alimento ecológico (Art.
3, lit. d): "todo producto natural o procesado, que
ingerido aporte al organismo humano los nutrientes y la energía
necesarios para el desarrollo de los procesos biológicos".
Una perla jurídica que excluye a los animales, que condiciona
el alimento a ser ingerido, y que
incluye cualquier cosa, hasta pollos tratados con hormonas. Y finalmente,
el soñado sello (como si el sello vendiera solo) reglamentado
hasta el más asfixiante detalle de imprenta en el artículo
10, olvida algo esencial: la
palabrita Colombia, nación representada en el sello por los
colores de la bandera, que son los mismos de Rusia, Venezuela y Ecuador.
Oremos por el Ministerio. Recordémosle al acucioso Ministerio
que también existen los
artículos 63, 64, 65, 72, 79, 80, 81 de la Constitución
del 91, bastante maltratados, en especial el 64, que trata del acceso
a la tierra; el 79, que trata del derecho a un ambiente sano; el 72,
que ordena que los bienes culturales (como las semillas campesinas,
por ejemplo) que conforman la identidad nacional son inalienables,
inembargables e imprescriptibles.
La Corporación
de Agricultura Limpia
A partir del año 2004
los grandes "cacaos" 2 de Colombia se suman a la agricultura
orgánica. Lo cual no necesariamente significa el poder para
los agricultores ecológicos. Todo lo contrario. Es la captación
del
movimiento por los dueños civiles del poder político.
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (no se trata de un
sarcasmo mío, sino que ese es su nombre) ha creado la Corporación
Colombiana de Agricultura Limpia. Es el mismo Ministerio que ha privilegiado
durante los últimos setenta años la agricultura química,
por ejemplo, eliminándole aranceles a los agroquímicos
y apoyando todo el montaje académico de la revolución
verde, y que promueve en alianza con Monsanto, el rey de los transgénicos.
Es el mismo, también, que basa la seguridad alimentaria del
país en comida importada, incluidos alimentos transgénicos.
El Ministerio absorberá los costos burocráticos de la
corporación, los cuales quedan a cargo de las oficinas de Política
Sectorial y de Desarrollo Tecnológico y de Protección
Sanitaria. Aunque se dice que la Corporación operará
"sin burocracia", es
obvio que las oficinas mencionadas no le trabajarán de noche
y en festivos a la noble causa. Es también evidente que la
Corporación se crea para competir por los recursos que la cooperación
internacional destina al movimiento ambiental civil y, a través
de esos recursos, minar el poder popular creado por las ONGs de desarrollo
rural.
Por descontado se da que la Corporación
acaparará los recursos del Estado administrados por cualquiera
de sus aparatos en todos los niveles: nacional, departamental, municipal
y descentralizados. Los personajes que
aparecen como pioneros de la reciente Corporación son: la señora
Lina Moreno de Uribe, esposa del señor Presidente de la República;
el señor Hernán Echavarría Olózaga, ex-ministro
y paradigma del empresariado que
elige los presidentes; el señor Jorge Cárdenas Gutiérrez,
ex-gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, la entidad
más poderosa del país, bajo cuyo prolongado mandato
no sólo se arruinó el sistema cafetero colombiano, sino
que se persiguió con toda acritud al movimiento orgánico;
el señor Mariano Ospina Hernández, del clan presidencial
respectivo. No se trata del diablo haciendo hostias: es una clara
expresión de
ejercicio de poder sobre algo que ofrece perspectivas económicas
y que va creando poder civil alternativo: cuestión de dominación,
de autoridad, de control, de vigilancia, de manejo, de separación
de categorías: los
buenos, los legales al lado derecho. ¿Qué se busca?
¿Proveer alimento sano a toda la población, o dinero,
poder y dominación?
¿Y de qué lado
van a estar la ciencia y la tecnología en esto de la agricultura
orgánica? Por supuesto, del lado de la visión industrial.
Como prueba, el proyecto de norma técnica colombiana NTC 5167
de marzo de 2004,
a todas luces elaborada por operadores de laboratorios químicos;
a falta de conocer siquiera superficialmente la esencia de las agriculturas
alternativas, suponen que los "productos usados como abonos o
fertilizantes y enmiendas del suelo" obedecen invariablemente
a la visión N, P, K, Ca, etc. Incluso, pasando por encima de
algunas escuelas alternativas, aceptan abonos provenientes de basuras
urbanas y de lodos de aguas residuales, con tal que no contengan algunos
patógenos: la primitiva y lineal idea de la OMS: un mundo sin
patógenos es el ideal; negación de los patógenos
en vez de manejo, límites, procedimientos, contextos, antagonistas.
La resolución del Instituto
Colombiano Agropecuario (ICA) de octubre de 1995 se refiere al control
técnico de los insumos agrícolas. Como es de esperarse,
la norma se refiere sólo a actividades comerciales e industriales,
y su criterio en lo que respecta a investigación es confesional
del método científico; de modo que la norma no tiene
que ver con las culturas rurales, por fortuna. Pero estos asuntos
ya los tenemos resueltos a nivel de agricultura orgánica popular:
preparación de los insumos en la propia finca, con recursos
locales, mediante la elevación
del nivel cultural del agricultor.
... y más de la
visión dominadora
De la visión dominadora
no se escapan ni siquiera las organizaciones del nivel internacional
de agricultura orgánica. Desde 2003 la IFOAM ha tomado la decisión
de participar en la política mundial agrícola, corriendo
el
riesgo de legitimar intereses de organizaciones de nivel superior
como la FAO y la Federación Internacional de Semillas. Por
su parte, el Movimiento Agroecológico de América Latina
y el Caribe (MAELA) ha dedicado esfuerzos
para situarse, mediante un reglamento técnico (no falta el
homenaje a la técnica), como autoridad en materia de agricultura
orgánica, y, consecuentemente, aspira a avalar o reconocer
a sus afiliados. Esto ya es algo: un sustituto o alternativa, mediante
un sello agroecológico privado, frente a la certificación;
pero de todos modos con procedimientos de control, comenzando por
el, ya al parecer, indispensable empadronamiento,
de donde ojalá no se derive al sistema de inspectores sino,
por el contrario, a la credibilidad de la palabra de la familia, de
la organización rural local, del consenso veredal. De todos
modos hay que abonarle al MAELA su rechazo al sistema de certificación
internacional en su IV Asamblea.
Es necesario un deslinde entre
practicantes de la agricultura orgánica y las instancias dominadoras
de la actividad rural, las cuales han adoptado el camino de los transgénicos,
a saber: el Banco Mundial y sus agentes
(por ejemplo, el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT)
en Colombia), las organizaciones del Estado, y, en especial la FAO,
quien en su Informe sobre el Estado de la Agricultura y la Alimentación
en el Mundo, presenta la biotecnología como solución
a las necesidades de los pobres (Biotechnology, meeting the needs
of the poor?). Por fortuna dentro de tales instituciones existen disidentes,
que hay que aprender a identificar para nuestro trabajo. La FAO ha
devenido a favor de los dominadores: el Tratado Internacional sobre
los Recursos Fitogenéticos de 2001 legitima la biotecnología,
privilegia el sistema Banco Mundial CGIAR (el CIAT, su representante
en Colombia) y acoge reservas de países a favor de la propiedad
intelectual sobre formas de vida, aunque todavía no se atreve
a borrar los ya maltrechos "derechos del agricultor".
La certificación no es
garantía de que el producto sea orgánico, por razones
como las siguientes:
- Porque permite el empleo de
transgénicos no vivos; por ejemplo, materias primas transgénicas
para la fabricación de alimentos para animales.
- Porque permite la crianza de
semillas y razas patentadas, privatizadas, contra el principio de
no apropiación de la vida.
- Porque deja de lado otros principios
éticos, morales, históricos, culturales, filosóficos,
políticos, espirituales, religiosos, aceptando, por ejemplo,
que los empleados y obreros de la producción orgánica
permanezcan con menos calidad de vida que los animales utilizados.
- Porque burocratiza y elitiza
el alimento sano.
- Porque legitima la exportación
de alimentos desde países empobrecidos y desde grupos de productores
subalimentados, a favor de élites adineradas y de países
enriquecidos.
- Porque reduce el sistema de
producción a una norma impuesta por los países opulentos,
imposibilitando el desarrollo de formas autónomas, es decir,
de acuerdo con las propias condiciones geográficas, culturales
y
biodiversas de las regiones productoras.
Los reglamentos europeos sobre
semilla ecológica seguramente serán copiados por las
autoridades colombianas y confiados a las certificadoras, como si
Colombia fuera Suiza. Lo que viene ocurriendo en Europa con respecto
a normas sobre semillas es patológico; una pesadilla de reglamentos,
del que son muestras disposiciones como las siguientes: la norma 98/95
del Consejo de la CE de 1998, que modifica 16 directivas sobre semillas;
que considera "comercialización" hasta los regalos
entre agricultores; y que por fortuna exige el etiquetamiento de los
transgénicos. Y el reglamento 1452 de 2003 sobre propagación
vegetativa, que pide elaborar catálogos de semillas, que admite
tratamientos químicos, que se remite al uso de internet para
que los agricultores se informen (detalle especial para los pobres
del tercer mundo), y que autoriza cobrar por inscribirse como usuario
de semillas. ¿En qué callejón nos hemos metido?,
preguntaba Camila Montecinos en el año 2000 en la Revista Biodiversidad.
¿Qué hacer?
Desde luego, en primer lugar
el debate, la actitud crítica, la autocrítica, la reflexión,
el estudio, la lectura... avanzando en la clarificación de
la idea, en la diferenciación de los intereses.
También en la agricultura
orgánica lo fundamental es el crecimiento cultural, intelectual,
espiritual, incorporando al proceso elementos morales, éticos,
históricos, políticos, filosóficos, religiosos...
Si no es así, no vale la pena. Es preciso definir si bastan
planteamientos económicos y ecológicos para construir
un movimiento alternativo en
agricultura. Es preciso diferenciar la agricultura de exportación,
la agricultura comercial (aunque tenga sobreprecio), para beneficio
de las élites nacionales y de los consumidores extranjeros
de altos ingresos,
frente a una agricultura que permita realizar el derecho de acceso
al alimento sano para todos a precios corrientes. Es preciso tener
claro el concepto de seguridad alimentaria para todos a través
de un sistema de
soberanía y autonomía.
- La oferta al consumidor de
alimentos excedentarios primero, la comida de la familia del productor
en los "mercados" populares o de barrio se confronta con
la idea de sembrar para vender o sembrar solamente lo que se venda.
Llevado aquel principio a la escala nacional es primero el autoabastecimiento
que la exportación.
- En caso de comercio exterior
preferir formas alternativas, sin certificación, como el llamado
"comercio justo", con independencia del control de las firmas
exportadoras, y la relación directa entre organizaciones de
agricultores ecológicos con comunidades y organizaciones de
consumidores extranjeros a través de mecanismos de credibilidad.
- Frente a los sellos institucionales,
los sellos propios, los de libre creación de cada colectivo
o de cada familia.
- Frente al autoritarismo de
los dominadores, poder popular, autogestión, afirmación
de la identidad, resistencia civil a los reglamentos, creación
autónoma de lo nuestro, a nuestras condiciones, a nuestro ritmo,
dentro de
nuestras limitaciones. Diferenciar la agricultura popular frente a
la de los "cacaos".
- Aprender a diferenciar culturas:
las populares (campesina, afrodescendientes, indígena) frente
a las dominadoras (académica, tecnológica, gringa, europea).
No son lo mismo. Y tampoco podemos hacer una
mezcolanza de elementos de todas ellas.
- Crecimiento cultural para producir
y conservar nuestras propias semillas, nuestros propios insumos: liberarnos
de las tiendas y de las ofertas cautivas de las transnacionales y
de las agencias del Estado.
- Rechazar la certificación;
crear alternativas, pero fundamentalmente establecer la palabra de
la familia agricultora y del consenso veredal o de la organización
campesina como fuente primaria de credibilidad.
- Abstenerse de consumir productos
certificados, en forma similar al rechazo a las industrias que ofrecen
comida "chatarra" o "frankestein", o que constituyen
oligopolios dominadores de la semilla y del alimento.
- Actitud crítica frente
a las organizaciones internacionales de agricultura orgánica,
especialmente frente a IFOAM, debido a los juegos políticos
de sus directivos.
No obstante los sobreprecios,
en Europa Occidental para la agricultura orgánica apenas alcanzan,
según los países, del 0.1% a un máximo del 8%
o 10% (como son los porcentajes máximos en los casos de Suiza
y Austria,
respectivamente). He aquí un indicador de que los sobreprecios
y subsidios no son el meollo del asunto. Un informe de IFOAM de julio
de 2004 menciona que en Gran Bretaña la Soil Association (entidad
creada por Albert Howard, paradigma inglés de la agricultura
llamada primariamente "orgánica") apenas va a certificar
los primeros productos teniendo en cuenta aspectos éticos;
para el caso, trato a los empleados, participación en programas
cívicos y, en general, aspectos sociales. Se trata de la empresa
Doves Farm que, según la revista especializada Organic and
Natural Business, pretende impresionar a sus consumidores: la ética
como negocio o, en otras
palabras, ser ético también da dividendos.
Notas
1 Es el caso, por ejemplo, de
la Secretaría de Desarrollo Económico y Medio Ambiente
de la Gobernación de Sucre, Colombia, ante una petición
de apoyo para la Segunda Feria Regional de Semillas y Comidas Tradicionales
de la etnia indígena Zenú.
2 N. del E.: nombre que se le da en Colombia a los empresarios muy
acaudalados.
(*) Este artículo trata el caso colombiano, que tiene similitudes
con otros países del Tercer Mundo, en especial los latinoamericanos.El
autor expresa sus agradecimientos al personal del Programa Semillas,
Bogotá,
Colombia, por su apoyo en la obtención de documentos aquí
comentados, así como al señor Juan José Soriano,
de la Junta de Agricultores Orgánicos de Andalucia, España,
por su apoyo documental. Por el artículo completo,
contactarse con mariomejia@telesat.com.co
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