¿Adónde
nos lleva la Bioseguridad? - Por Grain *
Los cultivos transgénicos son creaciones patentadas de una industria
de alta tecnología, que no pueden integrarse a los sistemas agrícolas
de base local y dirigidos por los agricultores, sin perjudicarlos. En
efecto, los cultivos transgénicos son una amenaza decisiva para
esos sistemas.
En estos tiempos de Leyes Monsanto, la esperanza de
una bioseguridad real está en las organizaciones populares
Cuando el 29 de enero de 2000 se firmó y dio origen al Protocolo
de Cartagena, fue aclamado ampliamente como una victoria de quienes
querían poner freno a los transgénicos u organismos modificados
genéticamente (OMG). El Protocolo tenía limitaciones y
lagunas por llenar, pero en general había acuerdo en que suponía
que el trabajo futuro en materia de bioseguridad estaba bien encaminado
–incorporando el principio de precaución, reconociendo
la importancia de consideraciones socio económicas y consultas
públicas y dejando la puerta abierta para que los países
instrumentaran reglamentaciones más estrictas que el mínimo
establecido en el Protocolo. Nada espectacular, pero por lo menos un
piso mínimo a partir del cual construir.
Cinco años después, gran parte de este proceso multilateral
está obstaculizado. La última ronda de negociaciones se
frustró por apenas un par de países que actuaron en nombre
de la industria de la ingeniería genética y todos los
indicios señalan que este tipo de táctica se está
intensificando. Por lo tanto, las posibilidades de avances futuros en
las negociaciones son restringidas. Pero lo que es mucho peor, a nuestro
juicio, es que el Protocolo no está generando la legislación
anticipada efectiva a escala nacional. Vemos que en país tras
país se instalan leyes y políticas que facilitan el ingreso
de cultivos transgénicos, aún cuando los gobiernos proclaman
su preocupación por la bioseguridad y su adhesión al Protocolo.
Los pueblos latinoamericanos llaman a estas leyes, las “Leyes
Monsanto”.
El punto de partida de GRAIN y de nuestros compañeros en todo
el mundo es que los cultivos transgénicos son completamente incompatibles
con los principios de la soberanía alimentaria [1]. Los cultivos
transgénicos son creaciones patentadas de una industria de alta
tecnología, que no pueden integrarse a los sistemas agrícolas
de base local y dirigidos por los agricultores, sin perjudicarlos. En
efecto, los cultivos transgénicos son una amenaza decisiva para
esos sistemas. Los cultivos transgénicos plantean riesgos inherentes
-riesgos a la salud, riesgos ambientales, riesgos socioeconómicos
y riesgos culturales. No hemos visto un solo cultivo transgénico
en el mercado o en trámite de investigación, que justificara
tales riesgos, en especial para países pobres con grandes poblaciones
agrícolas. En este contexto, un régimen de bioseguridad
verdaderamente efectivo mantendría alejados a los cultivos transgénicos.
No es posible tener las dos cosas a la vez: si entran los cultivos transgénicos,
entonces la bioseguridad queda fuera. El problema es que los gobiernos
–crecientemente presionados por el agresivo grupo de interés
de la industria de la ingeniería genética– cada
vez más a menudo hacen lo contrario: utilizar la legislación
en materia de bioseguridad para santificar el ingreso de los cultivos
transgénicos.
En Africa…
El Grupo Africano de países fue la fuerza motora
de un Protocolo de Bioseguridad fuerte, y la Ley Modelo de la Unión
Africana de 1999 fue la primera en establecer un marco para las leyes
nacionales de bioseguridad apoyado en las realidades y no en la alharaca
y las promesas de la industria de la ingeniería transgénica.
Pero desde entonces Africa se ha convertido en blanco de dicho grupo,
desesperado por abrir nuevos mercados y mejorar sus relaciones públicas.
La solidaridad entre los gobiernos africanos y las buenas intenciones
están acorraladas.
Si bien varios años atrás había un acuerdo común
en las instituciones y gobiernos de Africa en cuanto a que la ingeniería
genética es una tecnología complicada con la cual hay
que tener cuidado, actualmente algunos gobiernos, como los de Kenya,
Burkina Faso, Tanzania y Uganda, rivalizan por ser los casos modelo
de la industria de la ingeniería genética en Africa. Este
cambio es en gran medida el resultado de las presiones implacables de
la industria de la ingeniería genética y organismos de
ayuda tales como la USAID [2]. Respaldados por cantidades ilimitadas
de dinero y generosos apoyos a cualquier proyecto de investigación
en transgénicos que los científicos nacionales puedan
fantasear, esos intentos parecen dar buenos resultados. Numerosos gobiernos
africanos consideran la legislación de bioseguridad como una
forma de crear capacidad de investigación local en ingeniería
genética para sus científicos, quienes de otra forma carecen
totalmente de fondos. Burkina Faso estaba tan ansiosa por unirse a Monsanto
para introducir el algodón Bt que comenzó con los ensayos
de campo antes de que su comité nacional de bioseguridad tuviera
la opción de elaborar una política. Las reglamentaciones
en materia de bioseguridad fueron emitidas luego por un Decreto Ministerial,
sin insumos públicos. No causa sorpresa que el preámbulo
del Decreto sea como leer una página de un panfleto de Monsanto
y que las reglamentaciones estén vacías cuando se trata
de trazabilidad, participación pública, transparencia
y responsabilidad, pero llenas de detalles cuando se trata de decidir
cómo las compañías de la ingeniería genética
deben contratar y compensar a los científicos de Burkina –¡los
mismos científicos a cargo de las aprobaciones! Tanzania y Kenya,
que para los Estados Unidos son los blancos más importantes de
sus programas de organismos modificados genéticamente, también
están estafando la bioseguridad en favor de los intereses de
proyectos de “investigación” [3].
Todos esos países aducen actuar conforme al Protocolo de Bioseguridad
y la mayoría de ellos han sido parte del proceso de creación
de capacidad del Protocolo, coordinado por el Programa de las Naciones
Unidas sobre Medio Ambiente (PNUMA) y el Fondo para el Medio Ambiente
Mundial (FMAM) –un proceso que fracasó totalmente en cuanto
a apoyar el desarrollo de una capacidad real en materia de bioseguridad
en Africa. La mayoría de los “expertos” del PNUMA-FMAM
actúan haciendo una apología de la industria de la ingeniería
genética, ofreciendo asesoramiento incorrecto y santificando
a los gobiernos que dan rienda libre a los transgénicos, mientras
que apenas si apoyan los requisitos mínimos del Protocolo de
Bioseguridad. Lesotho es tan solo un ejemplo de cómo el PNUMA-FMAM
ayudó a convertir un proceso de bioseguridad decoroso, en una
estructura administrativa simplificada destinada a dar el sello de aprobación
a las liberaciones de transgénicos [4].
Hay países africanos en los que el grupo de presión de
la ingeniería genética todavía no se ha apropiado
de los procesos legales en materia de bioseguridad. Zambia ha resistido
valientemente la enorme presión ejercida desde el exterior para
que acepte la ayuda alimentaria de transgénicos. El marco nacional
de bioseguridad y el proyecto de ley de bioseguridad de Mali son totalmente
opuestos a los de Burkina Faso, su país vecino. La ley de Mali
es una de las pocas de Africa inspirada directamente en la Ley Modelo
de la Unión Africana y es estricta en materia de etiquetado,
responsabilidad y participación pública. Dentro de la
subregión de Africa occidental, al igual que en otras subregiones
de Africa, el escenario de los regímenes nacionales de bioseguridad
es bastante combinado: el marco de bioseguridad de Togo se inclina a
la precaución y presta especial atención a los riesgos
socioeconómicos; el marco de Ghana es decididamente pro transgénico;
Benin tiene una moratoria de 5 años sobre los cultivos transgénicos.
Pero lo que importa no es la ley sino la voluntad política. El
gobierno de Benin no ha hecho nada para poner en vigor la moratoria,
e incluso está trabajando encubiertamente con USAID para la introducción
de algodón Bt. Mali tiene un marco fuerte en el papel, pero el
país acaba de unirse al resto de los países de la ECOWAS
[5] para anunciar el apoyo a la agricultura transgénica y para
comprometerse a establecer un sistema de regulación regional
armonizado para los OMG en el término de 5 años. En esto,
Africa occidental no está sola. En toda Africa están en
marcha los programas de armonización destinados a crear mercados
regionales que funcionen como ventanilla única para la industria
de la ingeniería genética –financiados y dirigidos
por la USAID [6]. En Sudáfrica, uno de los pocos países
africanos con una ley de bioseguridad vigente, las leyes contienen disposiciones
decorosas relativas al acceso a la información y el derecho a
la apelación, pero el gobierno y la industria actúan en
connivencia para frenar eficazmente los esfuerzos populares por ejercer
esos derechos [7].
En Asia….
Los intentos de lograr una legislación significativa
en materia de bioseguridad han sido en gran medida inexistentes en las
experiencias iniciales de cultivos transgénicos en Asia. En 2001,
Indonesia se convirtió en el primer país del sudeste asiático
en permitir la producción comercial de un cultivo transgénico,
con la liberación del algodón Bt de Monsanto. Monsanto
intentó sobornar a los funcionarios para eludir el estudio de
impacto ambiental requerido y, después de dos años de
sucesivos fracasos en los cultivos, los agricultores indonesios, desprovistos
de recursos legales para obtener compensación, expulsaron a la
empresa. Esto no impidió que el gobierno aprobara liberaciones
limitadas de algodón Bt en otros distritos. El algodón
Bt fue comercializado también en China con prácticamente
supervisión cero–ni siquiera el típico plan de manejo
de resistencia de insectos que se ven en otros grandes países
productores de algodón transgénico. En Filipinas hay un
Marco Nacional de Bioseguridad y desde 1990 funciona un Comité
Nacional de Bioseguridad, pero en la práctica la bioseguridad
no es tomada en serio. Hace tres años se aprobó el maíz
Bt de Monsanto y el Departamento de Agricultura todavía está
por encargarse de algún tipo de monitoreo posterior a la liberación.
En cambio, están en marcha los planes de traer más variedades
transgénicas a Filipinas; un funcionario admitió –pidiendo
se mantenga el anonimato- que ya se aprobó la venta y siembra
de una variedad de maíz Bt de Syngenta[8].
Al igual que en Africa, hay un gran desfasaje entre lo que los gobiernos
asiáticos dicen acerca de la bioseguridad y lo que hacen. Mientras
que el gobierno chino anunció al mundo su decisión de
ratificar el Protocolo de Bioseguridad, en lo nacional instituyó
una censura a los informes sobre la liberación ilegal de maíz
transgénico desde sus propios centros de investigación
[9]. El anhelo del gobierno indio de ser una nación líder
en transgénicos también acaba con las cuestiones de bioseguridad.
A pesar de la generalizada oposición pública a los cultivos
transgénicos, su nueva Estrategia Nacional de Biotecnología
no hace mención alguna a la responsabilidad de la compañía
o a los problemas de contaminación, y traza un mapa de ruta de
10 años para la introducción generalizada de cultivos
transgénicos. Los grupos de la sociedad civil están cuestionando
ahora la Estrategia del Supremo Tribunal [10]. El proyecto de ley de
bioseguridad de Malasia, por otro lado, establece disposiciones ambiciosas
acerca de responsabilidad y reparación, pero es difícil
imaginar que esto se mantendrá o aplicará en un país
donde el gobierno dirige su propia Empresa de Biotecnología de
Malasia.
El escenario general en Asia es de presiones externas y aquiescencia
de los gobiernos, enfrentados por una fuerte oposición popular
a la agricultura transgénica. En Tailandia por ejemplo, donde
la vigilancia y protesta popular ante la contaminación proveniente
de campos de ensayo de cultivos transgénicos forzó al
gobierno a la adopción de una moratoria, ahora el gobierno ha
manifestado su voluntad de abandonarla con cualquier pretexto. Cuando
Estados Unidos señaló que el levantamiento de la moratoria
era una condición previa para las negociaciones del acuerdo de
libre comercio entre Estados Unidos y Tailandia, el Primer Ministro
Thaksin inmediatamente acató. La protesta popular lo obligó
a dar marcha atrás, pero un nuevo informe del gobierno, emitido
por su Comité de Política Nacional de Biotecnología,
da luz verde a la coexistencia con la agricultura transgénica,
una decisión totalmente opuesta al sentimiento popular.
En América Latina….
El senado mexicano hizo oídos sordos a la oposición
generalizada de académicos, agricultores y ecologistas y el 15
de febrero de 2005 aprobó una ley de bioseguridad y transgénicos.
Denominada la “Ley Monsanto” por la sociedad civil, es débil
en numerosos sectores, desde sus deficientes reglamentaciones en materia
de etiquetado hasta su falta de un régimen efectivo de responsabilidad
y reparación. En esencia, la ley facilita a la industria la aprobación
de sus cultivos transgénicos. Pero hay una intensa oposición
a los cultivos transgénicos en México, especialmente desde
que se descubrió que las variedades tradicionales del centro
de origen del maíz fueron contaminadas con variedades transgénicas.
Las autoridades han sabido de la contaminación desde el año
2001, pero todavía no han adoptado medidas. Esta nueva ley básicamente
legaliza esa contaminación y valida la situación actual
de impunidad.
Mientras tanto en Brasil el 2 de marzo se aprobó otra “Ley
Monsanto”. La ley era tan mala que hasta el Ministerio de Medio
Ambiente salió a denunciarla públicamente. En un comunicado
[11], el Ministerio manifestó que “se siente en la obligación
de mostrar a la sociedad brasileña los potenciales riesgos ambientales
resultantes del proyecto de ley aprobado”. El propósito
de la ley era legalizar el cultivo ilegal desenfrenado de la soja RR
de Monsanto, que desde hace algún tiempo ha continuado en las
principales regiones sojeras de Brasil, con el consentimiento tácito
de Monsanto. Procesos similares para imponer “Leyes Monsanto”
se dan en otros países de América Latina, donde la siembra
ilegal de cultivos transgénicos y la contaminación transgénica
también son generalizadas.
Esta imposición de los transgénicos no ocurre sin una
férrea resistencia. En Costa Rica, por ejemplo, una amplia coalición
de grupos irrumpió el 24 de agosto de 2004 en un taller de bioseguridad
del PNUMA-FMAM para emitir una comunicado [12] reclamando “una
moratoria permanente a la plantación y liberación de transgénicos
en Costa Rica … [y] la constitución de un marco de bioseguridad
real, que reconozca que bioseguridad es sinónimo de eliminación
de los factores que podrían ser un riesgo para la diversidad
biológica y cultural”.
La resistencia al Roundup crece desde el pie
En todo el mundo, lo que vemos en la mayoría
de los países es que los procesos políticos que rodean
a las leyes y políticas de bioseguridad están desconectados
de las poblaciones que se supone deben servir. Lo que hay es un pequeño
grupo de elites locales sentadas en torno a una mesa donde se toman
decisiones, con tecnócratas de la USAID, FAO y PNUMA-FMAM susurrándoles
al oído. La industria de la ingeniería transgénica
está por supuesto ahí, con valijas de dinero, mientras
que los pequeños agricultores han sido dejados completamente
al margen del proceso.
Y aun cuando muchos de los procesos gubernamentales en materia de bioseguridad
están condenados en estos días, el panorama, visto con
mayor amplitud, es más positivo. Hay numerosas razones para tener
optimismo en los ámbitos populares. No solamente está
creciendo la resistencia a los transgénicos, sino que los movimientos
sociales se están haciendo más sofisticados en sus esfuerzos.
Allí donde los gobiernos nacionales se niegan a oír, la
gente está localizando sus luchas en donde pueda ejercer más
control democrático, como en las zonas libres de transgénicos.
Las comunidades también están tomando la “evaluación
de riesgo” en sus manos, realizando investigaciones, organizando
tribunales populares y cuestionando a los “expertos”. De
no haber sido por la documentación del fracaso del algodón
Bt en el estado indio de Andhra Pradesh parte de las organizaciones
populares, las autoridades estatales nunca hubieran retirado la aprobación
a las variedades de algodón Bt de Monsanto.
Las preocupaciones ampliamente compartidas acerca de los cultivos transgénicos
han dado origen a nuevas alianzas, y a un compromiso que cuestiona las
estructuras mismas de poder que están en la raíz de los
problemas con las leyes de bioseguridad. Testigo de ello es el reciente
Foro Popular de Fana, Mali, donde los campesinos se unieron con activistas
de todos los sectores para denunciar los intentos de privatizar la compañía
nacional de algodón e introducir algodón transgénico,
dos medidas que losin 181 participantes ven como intrínsecamente
vinculadas. Y allí donde ya ha ocurrido contaminación
con transgénicos, las comunidades están ahora estudiando
estrategias de descontaminación que harán que sus sistemas
agrícolas locales sean más fuertes que antes, particularmente
en México, donde las comunidades indígenas están
definiendo sus propios métodos de resolver la contaminación
de su maíz sagrado.
Los procesos de las legislaciones en materia de bioseguridad están
siendo demasiado fácilmente convertidos en herramientas para
una industria de la ingeniería genética ansiosa por imponer
sus cultivos transgénicos en el planeta. El problema fundamental
aquí es que esos procesos generalmente ocurren a puertas cerradas,
lejos de las realidades populares, cuando lo que necesitan es bajar
a los campos y a las calles, que es donde los temas adquieren mayor
importancia. No habrá una bioseguridad verdadera hasta tanto
no se revierta esta situación. www.ecoportal.net
Referencias
[1] GRAIN, 2005, Food Sovereignty: turning the global
food system upside down, Seedling, abril de 2005, http://www.grain.org/seedling/?id=329
[2] Por mayor información acerca de cómo la industria
y la USAID están imponiendo los cultivos transgénicos
en el Tercer Mundo, ver: “USAID "ayuda" a África”,
GRAIN julio de 2005, http://www.grain.org/biodiversidad/?id=286 (Original
en inglés: USAID: Making the world hungry for GM crops, GRAIN
abril de 2005, http://www.grain.org/briefings/?id=191)
[3] Mariam Mayet, "Comments on the National Biosafety Guidelines
For Tanzania, Third Draft, June 2004", African Centre for Biosafety,
marzo de 2005: http://www.biosafetyafrica.net/tanzania.htm y Mariam
Mayet, "Comments on the Kenyan Biosafety Bill," African Centre
for Biosafety, marzo de 2004: http://www.biosafetyafrica.net/kenya.htm
[4] Mariam Mayet, "Comments on Lesotho 's Biosafety Bill,"
African Centre for Biosafety, junio de 2005: http://www.biosafetyafrica.net/lesotho.htm
[5] Comunidad Económica de los Estados de Africa Occidental,
países miembros: Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, Gambia, Ghana,
Guinea, Guinea Buissau, Liberia, Mali, Níger, Nigeria, Senegal,
Sierra Leona, Togo.
[6] GRAIN, 2005, USAID "ayuda" a África”, http://www.grain.org/biodiversidad/?id=286
(Original en inglés: USAID: Making the world hungry for GM crops,
GRAIN Briefing, abril de 2005, http://www.grain.org/briefings/?id=191)
[7] Por más información, ver la página Web de Biowatch
website: www.biowatch.org.za
[8] " Philippines clears planting of second biotech corn"
por Dolly Aglay, Noticias de Reuters, 11 de mayo de 2005, http://www.agbios.com/main.php?action=ShowNewsItem&id=6504
[9] Xun Zi, "GM rice forges ahead in China amid concerns over illegal
planting," Nature Biotechnology 23: 637, 5 de junio de 2005: http://www.nature.com/nbt/
journal/v23/n6/full/nbt0605-637.html
[10] Aruna Rodrigues & Ors. vs. Union of India & Ors. Writ Petition
(Civil) 260 de 2005
[11] AFP, 2005, Legalizan en Brasil el cultivo y comercialización
de OGM, 7 de marzo de 2005, http://biodiversidadla.org/content/view/full/14811
[12] Manifiesto por una Costa Rica libre de cultivos transgénicos,
17 de agosto de 2005 - http://biodiversidadla.org/content/view/full/9713