Terminator ataca de nuevo

Aunque tiene una patente sobre toda la soya transgénica, Monsanto está desesperada por aplicar esta tecnología, ya que no puede controlar que los agricultores no reproduzcan su soya patentada, sobre todo en Argentina, donde solamente 18 por ciento de los agricultores le pagan regalías. El resto ve en Terminator una "patente biológica sin fecha de expiración". Y nuevamente está al ataque
Uno de los sueños más caros para las trasnacionales semilleras del mundo es que los agricultores tengan que comprar semillas nuevas cada ciclo. Es parte del raciocinio ya desde la producción de híbridos, que sólo tienen buen rendimiento en la primera cosecha, obligando al agricultor a comprar nuevas si quieren conservar la producción. Pero algunos cultivos, como la soya, aun siendo "mejorados" se pueden volver a plantar en la próxima cosecha y conservan el rendimiento.
Además, para fastidio de las trasnacionales, la cuarta parte de la población mundial, más de mil 400 millones de pequeños agricultores y campesinos en el orbe, usan y conservan sus propias semillas, por fuera de este negocio, enojosa situación a la que habría que poner remedio. Por eso Monsanto, mediante una de las compañías de la que era copropietaria, Delta & Pine Land (D&P) -actualmente una de las 10 semilleras más grandes del planeta y la mayor en semillas de algodón-, emprendió una investigación con la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) para producir semillas que los agricultores no pudieran replantar.
En 1998 Monsanto-Delta&Pine obtuvieron la patente US 5 723 765 para producir semillas suicidas. El Grupo ETC (entonces llamado RAFI) la descubrió y denunció a escala mundial, y denominó Terminator a esa tecnología.
Hoy día la mayoría de las más grandes empresas productoras de transgénicos (Syngenta -por medio de Novartis y AstraZeneca-, DuPont, BASF) detentan patentes de ese tipo.
Terminator es una tecnología transgénica, una construcción de varios genes que reaccionan en cadena al ser activados por un detonador externo, químico u de otro tipo, para producir esterilidad en la segunda generación. Nadie compraría semillas que fueran estériles desde el comienzo, por eso se ideó una manera de que crecieran y formaran una nueva semilla que no pueda volver a germinar. Esta reacción de genes en cadena puede producir esterilidad u otras características. Por ejemplo, AstraZeneca (ahora de Syngenta) patentó esa tecnología, que además hace que la planta debilite sus defensas naturales si no se le aplican agrotóxicos durante el crecimiento.
Al principio D&P declaraba en su propaganda que con Terminator -a la que llama sistema de protección de la tecnología- por fin podría liberar a los campesinos de sus "viejas" semillas para meterlos definitivamente en la modernidad. La USDA esperaba que la tecnología "se licenciara ampliamente, aumentando el valor de las semillas patentadas de compañías estadunidenses, y abriendo mercados en el tercer mundo".
Una ola de organizaciones de campesinos, agricultores y de la sociedad civil de todo el mundo hicieron campañas para denunciar y parar la tecnología, por considerarla inmoral y un atentado a los derechos de los agricultores de conservar y replantar las semillas.
Moratoria de facto
En 1999 el Panel de Expertos Eminentes sobre Etica en Agricultura y Alimentación de la FAO declaró en forma unánime que "las semillas Terminator son generalmente inmorales, encontrando inaceptable que se comercialicen semillas cuya progenie no pueda ser usada nuevamente por los agricultores, porque no puede germinar". En 2000, el Convenio de Diversidad Biológica recomendó a los gobiernos imponer una moratoria a los ensayos de campo y comercialización de las Tecnologías de Restricción del Uso Genético -nombre con el cual se engloba Terminator-, estableciendo así una moratoria de facto.
Debido a la fuerte presión internacional, en 1999 Monsanto (que luego vendió sus acciones en Delta & Pine) y AstraZeneca se comprometieron a no comercializar la tecnología Terminator. Harry Collins, director de D&P, después aclaró: "Siempre continuamos el trabajo (con Terminator). Nunca lo paramos. Seguimos moviéndonos para lograr su comercialización".
Aunque tiene una patente sobre toda la soya transgénica, Monsanto está desesperada por aplicar esta tecnología, ya que no puede controlar que los agricultores no reproduzcan su soya patentada, sobre todo en Argentina, donde solamente 18 por ciento de los agricultores le pagan regalías. El resto ve en Terminator una "patente biológica sin fecha de expiración". Y nuevamente está al ataque.
El corolario de la perversidad lo expresa otra vez Delta & Pine. En la reunión del cuerpo técnico asesor del Convenio de Diversidad Biológica, en febrero de 2005, repartió un folleto a todo color en el que ahora afirma que Terminator es una "herramienta para conservar la bioseguridad y la biodiversidad". Según D&P, la biodiversidad se asegura porque los agricultores no pueden volver a usar sus semillas, y obligados a usar nuevas variedades "aumentan la diversidad". Agrega que con Terminator aunque los cultivos transgénicos se crucen no volverán a germinar, y que esto es una forma de "bioseguridad". Que los genes Terminator se desparramen entre los cultivos tradicionales con efectos impredecibles no es tema para D&P. Tampoco que, al ser una reacción en cadena, que necesita un detonador externo, genes Terminator podrían estar presentes y cruzándose en los campos de cultivo por varias generaciones sin estar activados, como una bomba de tiempo.
Las empresas que contaminaron el maíz campesino y otros cultivos ahora se presentan como salvadoras de la biodiversidad, cuando el problema lo crearon ellas. Su "nueva" receta es de semillas suicidas, y buscan terminar con los derechos de los agricultores.
Frente al atropello de quienes se creen dueños de la vida, organizaciones internacionales, como Vía Campesina, Grain, ETC, PAN Asia, la Red del Tercer Mundo, organizaciones indígenas de América Latina y otras, formaron la campaña internacional Terminar Terminator (www.banterminator.org), abierta a todas las organizaciones que quieran sumar esfuerzos.
Silvia Ribeiro es Investigadora del Grupo ETC
Fuente: La Jornada