Uruguay: genes
rigurosamente vigilados
La prohibición temporal
de comercializar semillas maíz dulce y otros transgénicos
cosechó calurosos aplausos y duras críticas. El tema es
polémico y la sociedad civil ha sido convocada demasiado tarde
para poder decidir
Marco Nacional de Bioseguridad
La decisión del gobierno de suspender
"el uso, producción y comercialización de semilla
de maíz dulce genéticamente modificado" y la moratoria
temporal del ingreso al país de nuevas semillas con tratamientos
similares implica un primer paso hacia una política nacional
sobre los transgénicos coherente con los acuerdos internacionales
ratificados por Uruguay.
Si bien los sectores gremiales consideraron
el hecho como el inicio de una "revisión" de política,
ninguna de estas decisiones tiene valor definitivo ni afecta al grueso
de la producción agrícola nacional con transgénicos,
en donde reina la soja RR y le siguen los tipos de maíz MON 810
y BT 11, autorizados por el Poder Ejecutivo desde 1999, 2003 y 2004,
respectivamente.
"El gobierno no se ha definido todavía.
Estamos trabajando con dos escenarios posibles, uno sin transgénicos
y el otro con transgénicos", dijo a BRECHA Marcos Frommel,
integrante del Comité de Coordinación de la Dirección
Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) creado para elaborar la propuesta
del marco de bioseguridad.
El comunicado oficial que suspende el maíz
dulce menciona la denuncia sobre la venta ilegal (sin etiqueta) realizada
hace ocho meses por la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas
para América Latina (RAP-AL). Y agrega que esta decisión
también es conveniente debido a "la vulnerabilidad particular
de los sectores de agricultura familiar que llevan adelante sistemas
de producción hortícola" a la introducción
de transgénicos.
La alusión directa (y el hecho de
que actualmente los representantes de estos sectores no están
asistiendo al Comité Nacional de Bioseguridad) buscaría
recomponer el proceso de discusión, que Frommel define como "ambicioso
y muy participativo" pero que para legitimarse debe incluir efectivamente
tanto a las partes interesadas como a las afectadas.
- El marco regulatorio-
El Comité de Bioseguridad inició
sus trabajos en agosto de 2005 con el fin de elaborar una propuesta
de Marco Nacional a ser discutida y aprobada por el Parlamento en abril
de 2007 dentro del cronograma establecido por el Protocolo de Cartagena,
un acuerdo de las partes de la Convención sobre Diversidad Biológica
(CDB), aprobada en la Cumbre de la ONU de 1992, en Rio de Janeiro, y
ratificada por Uruguay con la Ley 16408 de 1993.
El protocolo, aprobado en junio de 2001,
busca "contribuir a asegurar un nivel adecuado de protección
en (...) la transferencia, manejo y utilización de Organismos
Vivos Modificados por la biotecnología moderna que puedan tener
efectos adversos sobre la conservación y el uso sostenible de
la diversidad biológica, tomando también en cuenta los
riesgos sobre la salud humana, y específicamente en movimientos
transfronterizos".
Y la Declaración de Rio establece
que los Estados deben "aplicar ampliamente el criterio de precaución
de acuerdo a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave
o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá
utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas
eficaces en función de los costos para impedir la degradación
del medio ambiente".
El marco nacional debe incluir un sistema
regulatorio, una estructura administrativa acorde, un sistema de toma
de decisiones para la evaluación y gestión de riesgos,
y mecanismos que aseguren la participación e información
del público. La elaboración de la propuesta debería
buscar definir y validar los componentes del marco a través de
una amplia consulta.
El Programa de la ONU para el Medio Ambiente
(PNUMA) y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) financian y
supervisan la realización de este proceso en Uruguay y en más
de 100 países que adhieren al protocolo. ¿Uruguay ha tenido
una política que cumpla con estas exigencias? Evidentemente,
no. ¿Quiere decir eso que no hubo hasta ahora decisiones en esta
área? No, y es aquí precisamente donde se origina el problema.
- Hechos y conflictos -
La soja RR fue introducida en Uruguay en
1999, por decisión del gobierno de Sanguinetti, sin consultar
al Poder Legislativo y a la sociedad civil, ni evaluar sus riesgos.
Recién por el Decreto 249 del año 2000 se creó
una Comisión de Evaluación de Riesgos de Vegetales Genéticamente
Modificados (CERV) integrada por técnicos de los ministerios
de Ganadería y Agricultura, Economía, Salud y Ordenamiento
Territorial y Medio Ambiente.
La entrada al país del maíz
MON 810 o, también, maíz Bt de la multinacional Monsanto,
fue autorizada en junio de 2003 sin cumplir adecuadamente con la audiencia
pública previa requerida por el Decreto 249/000. La Asociación
de Productores Orgánicos del Uruguay (APODU) presentó
un recurso de amparo contra está decisión y en julio fue
interpelado el ministro de Ganadería del gobierno de Batlle sin
que se lograra modificar la decisión.
APODU señaló que la CERV había
recomendado el ingreso del MON 810 Bt "sin ensayos, sin experimentación,
sin análisis local de impacto ambiental en condiciones de seguridad,
sobre la base de experiencias extranjeras e información interesada
de la empresa". Y advirtió que la resolución "carece
de base científica, es apresurada y su ejecución debe
ser suspendida para evitar daños irreversibles".
La aprobación en mayo de 2004 del
maíz BT 11, de la empresa Syngenta, tuvo, esta vez, una audiencia
pública, pero se realizó en la ciudad de Dolores, durante
la Semana de Turismo, sin que se enteraran y pudieran intervenir organizaciones
de la sociedad civil.
Esta es "la política" vigente
y sus beneficiarios ya amenazan con juicios ante la "revisión"
que podría implicar la definición del marco nacional de
bioseguridad.
Frommel señaló, en el sitio
Web de la Presidencia, que el compromiso de nuestro país con
respecto al "Protocolo de Cartagena es que tenemos que tener un
mecanismo de comunicación de los genes que se liberan en el país,
los controles que se van a hacer. Hay que controlar el tránsito
(...) si pasa una exportación de Argentina para Brasil, tenemos
que tener definido procedimientos para eso también".
Pero sin estudios ni controles esta meta
es muy difícil de lograr. Algunos "especialistas" hablan
del asunto como si se tratara de resolver una regulación del
tránsito vehicular, pero los transgénicos no son separables
del ambiente como el agua y el aceite sino que se parecen más
al "café con leche". Por eso cuando se afirma que un
producto va a ser sólo para consumo animal o de exportación,
en realidad se está afirmando una falsedad.
Esta realidad además choca frontalmente
con el eslogan oficial "Uruguay Natural" (que pretende promocionar
los servicios nacionales de sol y playa, paseos histórico-culturales,
el turismo termal y el ecoturismo) y con la "natural meat"
promovida por el Instituto Nacional de Carnes.
Si a los cientos de miles de hectáreas
con soja y maíz transgénicos sumamos los millones previstos
para la forestación (que además del impacto del monocultivo
pueden agregar la condición de transgénicos, porque las
semillas de los árboles son consideradas "hortícolas"
y, por tanto, no sujetas a control genético) llegamos a un cuarto
de la superficie agrícola del país. En tales condiciones,
no habrá producción
orgánica o natural que resista.
Víctor L. Bacchetta
Fuente: Semanario BRECHA, de Uruguay,
1-9-06