Informe de la situación de los transgénicos en Uruguay y bioseguridad

Uruguay se ubica al Sur Este de América del Sur, con una extensión de 18.700.000 hectáreas y limita con Argentina y Brasil. Alrededor de 16.000.000 hectáreas de su territorio son aptas para la producción agropecuaria, uno de los más altos índices por habitante a nivel mundial. La mayor parte del territorio está dedicada a las ganadería extensiva y otra cantidad a la ganadería de leche y a los cultivos agrícolas, frutícolas y forestales. De acuerdo al ranking de Sustentabilidad Ambiental del World Economic Forum, Uruguay fue calificado como el sexto país más natural del mundo en el 2000 y el gobierno hace uso del slogan "Uruguay país Natural". Como resultado de la introducción de dos cultivos transgénicos después del 2000 (1999 introducción de la soja), Uruguay lentamente irá perdiendo ese estatus. Es imposible compatibilizar el "Uruguay Natural" con la producción de transgénicos; es una contradicción en sí misma y por ende se destruye en primer lugar la posibilidad de producir alimentos sanos para los habitantes de nuestro país, al mismo tiempo que se cierra el acceso a un mercado de productos naturales casi único en el mundo.

Uruguay ha sido por largos años un país básicamente de ganadería extensiva, lo que significó que amplias áreas del territorio estuvieron libres del uso masivo de agroquímicos, pero no ocurrió lo mismo en las zonas dedicadas a los cultivos agrícolas y frutícolas, concentrados en zonas bien especificas, fundamentalmente en el litoral oeste y sur del país.

En los últimos 15 años se ha visto un incremento en los cultivos forestales (principalmente en zonas antes destinadas a la ganadería de carne), resultando en un uso masivo de agroquímicos en áreas antes muy poco contaminadas, en particular del Round-up, fertilizantes químicos y hormiguicidas organoclorados persistentes (dodecacloro). Recientemente, la situación en el área agrícola se ha visto aún más agravada con la introducción de la soja transgénica resistente al glifosato (Round up), que ha implicado un uso masivo de ese herbicida.

La introducción de los cultivos transgénicos ha sido otro elemento más que se agrega a la lista de la destrucción de la imagen de Uruguay como "País Natural" y se tira por la borda los mercados ganados durante largos años. En el momento de introducir la soja RR, primer cultivo transgénico, la sociedad civil en su conjunto no tuvo tiempo para discutir el tema, incluyendo a las gremiales de productores, Universidad, consumidores, ONGs. El tema tampoco se discutió a nivel del Poder Legislativo, como si éste no fuera parte importante de las políticas de gobierno y de un modelo productivo impuesto desde afuera.

La soja transgénica se introdujo sin consultar ni evaluar sus riesgos. Si se observa la siguiente tabla, se puede observar el aumento sustancial que ha tenido el cultivo de la soja. desde el momento de su introducción.

En el año Agrícola 2003/2004 la soja se constituyó en el cultivo principal, alcanzando 260 mil hectáreas y triplicando holgadamente las 79 mil sembradas en la zafra anterior, con la particularidad de haber trascendido en su expansión a la tradicional zona agrícola del litoral oeste del país, desplazándose al litoral este, donde se encuentra la costa Atlántica y por ende la zona turística por excelencia del país. Se estima que más de 213 mil hectáreas (casi el 82% de la superficie total) se sembraron este año mediante la siembra directa, es decir, bajo la modalidad de la soja RR. El otro 18% del cultivo de soja no se sabe si es transgénico o no, ya que el origen de la semilla puede ser de procedencia Argentina o Brasileña, grandes productores de soja RR y si no lo fuese, estaría expuesta la contaminación con soja transgénica.

La soja RR viene acompañada del paquete tecnológico de los agrotóxicos: glifosato, endusulfán, cipermetrina. También se ha aplicado Tordon (2,4,5-T), herbicida que fue utilizado en combinación con el 2,4 D para constituir el famoso "agente naranja" utilizado en la guerra de Vietnam. El 2,4,5-T se encuentra dentro de la lista de la llamada "Docena sucia", que agrupa a doce agrotóxicos extremadamente peligrosos. Otro agrotóxico que se ha estado utilizando es el dodecacloro (mirex), utilizado para combatir la hormiga cortadora. El mirex se encuentra dentro del grupo de los Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs), que son sustancias químicas tóxicas, contaminantes, orgánicas, persistentes, bioacumulables, que pueden viajar a grandes distancias, y que por lo tanto tienen graves impactos sobre la salud humana y el ambiente.

Los impactos se han comenzado a evidenciar cada vez más claramente. En marzo del 2004, en la localidad de Quebracho, departamento de Paysandú, ocurrió un desastre ambiental. El diario "El Telégrafo" denunció "que a partir del domingo 7 de marzo 2004 -e incluso antes- vecinos de la zona vieron numerosos peces (bagres, bogas, dorados, y todo tipo de mojarras) muertos en el arroyo Guaviyú". La intendencia municipal reconoció a través de su director de Higiene, Jorge Ziminov, que "el desastre es consecuencia del lavado en el arroyo de maquinarias y/o recipientes utilizados en aplicaciones de agrotóxicos por parte de algún productor rural aguas arriba". Todavía Ziminov no había logrado determinar "el punto" donde comenzó la contaminación, pero señaló que "en la zona se planta soja y luego de la lluvia los productores realizan aplicaciones con agrotóxicos". (Diario "El Telégrafo" edición del 13 de marzo de 2004, Paysandú, Uruguay. www.eltelegrafo.com).

Si bien gran parte de la soja producida se destina a la exportación hacia países donde se la utiliza para alimentar ganado vacuno, porcino y avícola, no es menos cierto que ya la estamos consumiendo en nuestro país. En Uruguay ya se constata un uso masivo de lecitina de soja (elaborada en base a soja transgénica) en galletas, alfajores, budines, margarina, mayonesas, chocolates, papas fritas, jugos, helados, postres, arroz pre preparado, pastas rellenas, etc. La lista es muy larga y ahora se pretende modificar nuestros hábitos alimentarios, tratando de convencernos de las supuestas bondades de la mal llamada "leche de soja" y de las milanesas de soja, para reemplazar a la leche de vaca y a la carne vacuna. Se pone como ejemplo el consumo milenario de soja por algunas culturas orientales, sin mencionar que ésta es transgénica. Y tampoco se toma en cuenta los efectos adversos que ésta puede causar cuando niños pequeños son alimentados con soja como sustituto de proteínas animales.

Hay quienes sostienen que el etiquetado podría ser una manera de alertar a la población acerca del consumo de transgénicos (en este caso específico soja). Sin embargo, de acuerdo a la legislación aprobada recientemente en Europa, se etiquetaría los alimentos que tengan un 0,9% o más de elementos transgénicos y no incluiría productos derivados como la leche o huevos de animales alimentados con cultivos transgénicos como el maíz y la soja. Es decir, que el etiquetado de ese tipo no informa realmente a la población. Pero a su vez implica una división entre los consumidores que pueden elegir y los que por diversas razones (en particular económicas) no pueden ejercer ese derecho.

De acuerdo a la información disponible, el máximo agrícola de producción de maíz fue en el año 1950, con una siembra de aproximadamente 324 mil hectáreas. A partir de entonces, el área de este cereal ha ido en disminución hasta alcanzar en la última zafra 51 mil hectáreas (año agrícola 2003/2004), de las cuales 1000 hectáreas del maíz transgénico evento MON 810. Tanto el maíz como el sorgo son cultivos forrajeros destinados en un 95% a la alimentación animal (avícola, lechera y porcina), en tanto que el 5% es utilizado en a la elaboración de alimentos para la población.

En el informe sobre la "Solicitud de autorización del Maíz Mon 810" realizada por Reylan S.A., representante de la transnacional Monsanto en Uruguay, el Centro de Evaluación de Riesgos de Vegetales Genéticamente Modificados (CERV) recomendó al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y al Ministerio de Economía y Finanzas que autorizaran la producción e importación de dicho evento.

Antes de ser aprobado un cultivo transgénico se debe de cumplir con una audiencia pública. La audiencia pública es un mecanismo previsto en el Decreto 249/2000, instancia que se cumple luego que una comisión de evaluación de riesgo (en este caso integrada por representantes de los ministerios de Salud Pública, Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria e Instituto Nacional de Semillas) analiza todos los temas de bioseguridad con respecto al evento que pretende ser aprobado por las autoridades. Esa información, junto con otros documentos, se pone de manifiesto para que el público pueda expresarse durante determinado período, recibiéndose luego los comentarios, finalizándose con la audiencia pública. En ésta, se complementa la información al público, mediante una exposición que hace la empresa solicitante y da sus fundamentos para introducir y comercializar el producto.

En setiembre del 2002 se lleva a cabo la primera audiencia pública referida a la liberación o no del evento "Mon 810". La audiencia fue suspendida por parte de las autoridades de gobierno y representantes de la empresa en cuestión. Los participantes de la sociedad civil solicitaron que se les respondiese sus dudas respecto al evento Mon 810, pero el procedimiento y la organización de la audiencia no lo permitieron. Esto dio lugar a que se generara una gran indignación por parte de la sociedad civil, ya que las autoridades no fueron capaces de responder a los cuestionamientos. Las
autoridades resolvieron dar por terminada la audiencia y con eso finalizó la instancia de "participación".

El 1 de julio del 2003 se comunica en el diario Oficial la autorización para la producción e importación con destino a consumo directo del evento Mon 810 por resolución s/n de 20 de junio de 2003 del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y del Ministerio de Economía y Finanzas.

Este segundo cultivo transgénico generó resistencia por parte de la Sociedad Civil, y en agosto del 2003 el diputado del Frente Amplio Gustavo Guarino interpela al Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca con el objetivo de suspender la autorización de aprobación. Lamentablemente, la votación resultó en un empate, por lo que no se logró la suspensión.

En julio del 2003, la Asociación de Productores Orgánicos (APODU) presentó una acción de amparo por considerar la introducción del maíz Mon 810 un acto altamente negativo y que causaría daños enormes en su producción como productores orgánicos y afectando asimismo derechos similares de otros productores agropecuarios, en particular los que forman parte de los sectores apícola, cárnico y lácteos. El recurso de amparo no fue aprobado.

Si bien es cierto que la interpelación al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, la Acción de Amparo por parte de APODU y las campañas que se llevaron a cabo a través de los medios de comunicación no tuvieron los resultados deseados por parte de la Sociedad Civil, sí sirvieron para que la población se enterara e informara acerca de los cultivos transgénicos y quedó claro que dentro de la sociedad hay sectores que se oponen rotundamente a este tipo de cultivos.

El Poder Ejecutivo establece condiciones para la producción del maíz transgénico Mon 810 y autoriza a la firma Reylan para realizar la importación de las semillas. El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente se compromete a llevar un registro que permita la identificación precisa de quién lo reciba, adquiera o distribuya la semilla. Deberá ser identificado el titular de la importación y de las chacras en que las semillas sean sembradas; esta información quedará en poder de la Dirección Nacional del Medio Ambiente (DINAMA). A su vez, se establecieron determinadas condiciones para la siembra:

1) Refugios. Dentro de cada predio en que se cultive este tipo de maíz habrá un área de refugio equivalente al 10% de la superficie efectiva de siembra en la que se utilizará maíz sin modificación genética. No podrá cultivarse el Mon 810 a menos de 250 metros de los límites del predio en explotación con respecto a los linderos. El refugio podrá ser implantado dentro de la zona de amortiguación. Cuando la zona de amortiguación linde con caminos de uso público, el ancho de la zona de amortiguación se reducirá en forma equivalente al ancho del camino correspondiente.

2) Excepciones. La zona de amortiguación no será obligatoria en el tramo en el cual el predio lindero cultive el mismo tipo de semilla o esté dedicado a producción no maicera. Tampoco regirá cuando el cultivo sea de maíz, pero esté a una distancia superior de 250 metros del predio donde se siembre el Mon 810. Cada productor que haya sembrado el maíz modificado deberá presentarse a la DINAMA con una declaración jurada relativa al cumplimiento de las condiciones exigidas, dentro de los 15 días posteriores a la siembra. Estas condiciones se mantendrán vigentes por un plazo de dos años y se renovarán automáticamente, salvo que al vencimiento el Ministerio disponga de información sobre la existencia de afectaciones a la diversidad biológica o al ambiente.

La DINAMA podrá aplicar multas de entre 10 y 50 Unidades reajustables (US$ 100-500) ante el incumplimiento de las disposiciones establecidas.
Lo anterior muestra, o bien la incompetencia, o bien la colusión con la empresas de parte de los organismos del estado con respecto al tema de los cultivos transgénicos. En efecto, si realmente quisieran aislar a los cultivos transgenicos para evitar la contaminación, no se permitiría plantar maíz de ningún tipo en los llamados "refugios". Al obligar a plantar allí maíz no transgénico, de hecho están promoviendo su contaminación genética y facilitando entonces la comercialización de maíz supuestamente "no transgénico" (casi seguramente contaminado) y abriendo así las puertas al futuro cobro de patentes por parte de las empresas propietarias de las variedades transgénicas a la mayoría de los cultivos de maíz del país.

En mayo de 2004 se introduce el tercer cultivo transgénico, el maíz BT 11 de la empresa Syngenta. La audiencia pública se lleva acabo en la ciudad de Dolores. Están presentes representantes de la empresa importadora y personal de gobierno. La sociedad civil ni se enteró de esta audiencia pública, ya que en el momento que se publicó en los medios, la población estaba concentrada en el tradicional feriado de Semana Santa. Por lo tanto, al no tener oposición de la Sociedad Civil, este nuevo cultivo transgénico fue aprobado. Antes de ser aprobado, cada cultivo transgénico debe estar en observación por dos años. Sin embargo, este maíz se autoriza después de haber estado solamente un año en observación y la razón de esta decisión se basa en el buen resultado que se obtuvo con el MON 810 (información obtenida a través de personal de la DINAMA).

La Sociedad Civil se enteró de la introducción de este cultivo cuando todo estaba aprobado. Con respecto a este maíz, se tiene planificado que el primer año se cultivarán alrededor de 30.000 hectáreas y deberá cumplir con las mismas condiciones de producción que las del maíz MON 810.

En un artículo publicado en diciembre del 2000 (Uruguay: sin árboles transgénicos ... por ahora), se describen experiencias llevadas a cabo en Uruguay. En el artículo, escrito por Teresa Pérez y publicado en el boletín del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales se dice que, "además de los ya constatados impactos ambientales y sociales, en breve el país se podría ver enfrentado a nuevos impactos ocasionados por el uso de árboles modificados genéticamente en las plantaciones comerciales. La ingeniería genética busca aumentar la eficiencia comercial de dichas plantaciones 'produciendo' árboles que crecen más rápido, que son resistentes a herbicidas, que crecen más uniformemente, y que tienen menos lignina, abaratando así el proceso industrial de fabricación de celulosa y papel".

La autora continua diciendo que "una de las empresas forestales más importantes en el país es Forestal Oriental (del grupo Shell-UPM/Kymmene), la cual cuenta con aproximadamente 35.000 hectáreas de plantaciones de eucaliptos. Dicha empresa --según los datos que se pudieron obtener-- ha sido hasta ahora la única que realizó pruebas de campo con árboles transgénicos durante un período de dos años. Las investigaciones estuvieron enfocadas en testear la resistencia a herbicidas y de reducción del contenido de lignina en la madera. Afortunadamente, la empresa abandonó esos ensayos a mediados de 1999, año en que esos árboles habrían sido destruidos. Suponemos que este cambio de política se debe a que la empresa se encuentra gestionando la certificación de su producción por el Forest Stewardship Council, organismo que establece entre sus principios que no son certificables aquellas plantaciones que contengan especies transgénicas"

El artículo termina diciendo "por el momento, en el país no hay árboles transgénicos. Sin embargo, teniendo en cuenta el modelo de desarrollo forestal impuesto en Uruguay y el apoyo por parte del gobierno a la ingeniería genética, todo hace pensar que esta situación no durará mucho. En ese contexto, la sociedad uruguaya deberá mantenerse alerta para impedir que las praderas uruguayas se vean invadidas por esta nueva amenaza, de consecuencias imprevisibles para el país".

La Convención de Diversidad Biológica en 1995 recomienda formar grupos de trabajo con los expertos de los países de las Naciones Unidas, con el objetivo de estudiar los posibles impactos de los cultivos transgénicos en la diversidad biológica, y las implicancias que estos pueden traer a nivel internacional. Ese fue el inicio de la creación del Protocolo de Bioseguridad.

El Protocolo de Bioseguridad se reúne en 1999 en Cartagena, Colombia. Uruguay apoyó las posiciones del llamado "Grupo de Miami" (integrado por Estados Unidos, Canadá, Argentina, Chile, Australia y Uruguay), siendo representado por funcionarios del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Estos tomaron posiciones que no se habían discutido a nivel de Parlamento ni a nivel de la Sociedad Civil y apoyaron a este pequeño grupo de países en su objetivo de dilatar e impedir el acuerdo sobre un conjunto de normas internacionales en materia de bioseguridad.

El Protocolo de Bioseguridad entró en vigor en 9 de setiembre del 2003, después de años de negociaciones. Uruguay lo firmó pero aún no lo ha ratificado. Sin embargo, cabría suponer que está de acuerdo en que se trata de un instrumento útil o no hubiese participado en su creación. Ahora es responsabilidad del Parlamento considerarlo y ver la conveniencia o no de su ratificación.

- La introducción de tres cultivos transgénicos en Uruguay ha sido posible por la combinación de presiones externas muy fuertes (de gobiernos y empresas), intereses empresariales locales (vinculados a los sectores de semillas y agrotóxicos), apoyo estatal y una ignorancia generalizada en la población acerca de los posibles impactos sociales y ambientales de esos cultivos.

- Dentro de los representantes del gobierno existe un gran desconocimiento de los efectos, ambientales, sociales y económicos que pueden causar estos cultivos, pese a que ya se cuenta con la experiencia de la vecina Argentina, donde la soja transgénica ha ocupado millones de hectáreas, desplazando a las demás producciones y resultando en el empobrecimiento la expulsión de la población rural.

- Las organizaciones de la sociedad civil involucradas en el tema son pocas y relativamente débiles (ONGs ambientalistas, asociaciones de productores orgánicos, organizaciones de trabajadores rurales) y pese a sus esfuerzos no han logrado generar la conciencia necesaria para enfrentar la invasión transgénica.

- Los impactos a nivel de los productores agrícolas que siembran cultivos transgénicos son hasta ahora positivos, ya que ven las ganancias inmediatas sin pensar en un futuro, cuando las patentes de las semillas se deban de pagar, cuando el paquete tecnológico los acorrale, cuando sus predios se vuelvan improductivos y cuando sus ganancias se vean disminuidas por el alza en sus costos y por el exceso de oferta.

- Uruguay ha pasado a formar parte del área de los cultivos transgénicos en la región, junto con Argentina, Brasil y Paraguay y los planes oficiales apuntan a incrementar aún más el área sembrada con esos cultivos. Ello hace necesario establecer vínculos con organizaciones de la sociedad civil en los cuatro países, como forma de crear un frente común frente a esta amenaza.

- En estos momentos, las organizaciones de la sociedad civil constituyen la única esperanza frente a los transgénicos, ya que tanto los gobiernos y sus técnicos como la mayor parte de los sectores académicos están apoyando -o al menos no cuestionando- a los cultivos transgénicos.

- La tarea central pasa entonces hoy por la generación de conciencia a nivel de la población en general acerca de los riesgos que estos cultivos acarrean en materia de salud humana, soberanía alimentaria, diversidad biológica y cultural, dependencia económica y destrucción ambiental, como forma de oponerse eficazmente a los mismos.