Palmitas tose
Sólo una empresa será multada
por violar las normas al fumigar soja transgénica
Natalia Uval - La Diaria
- 13 de junio de 2006
A la entrada del pueblo de Palmitas, en
Soriano, sólo una calle angosta separa las plantaciones de soja
transgénica de las viviendas de sus habitantes. Si se recorren
cinco cuadras más y se llega al final de la zona poblada, la
distancia entre las casas y el sembradío se reduce a cuatro metros.
Con unos 1.800 habitantes, la localidad está en el corazón
de la zona sojera: Soriano, que concentra el 44,1% de la superficie
sembrada del país, según el Anuario Estadístico
Agropecuario 2005 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca (MGAP). La soja comenzó a plantarse en Palmitas en 2002,
y muchos de los campos sembrados pertenecen a ciudadanos argentinos,
según vecinos de la zona.
La soja se fumiga con plaguicidas altamente
tóxicos. Según la reglamentación vigente, la distancia
entre una zona poblada y la plantación nunca debe ser menor a
300 metros en el caso de la fumigación terrestre (como en Palmitas),
o de 500 metros para fumigación aérea.
El pueblo sufrió y sigue sufriendo
los efectos de la infracción a esa normativa. "Los plaguicidas
matan los frutales, llenan de veneno la ropa que está tendida
en las cuerdas", contó a la diaria un vecino del lugar que
estuvo durante un tiempo encargado de la fumigación y que ahora
se dedica a denunciar sus efectos. Cuando fumigan se concentra un olor
"insoportable". Si hay viento, el veneno se dispersa a 300
ó 400 metros a la redonda. Cuando el tiempo está calmo
es peor, porque se concentra en una nube que permanece en el lugar,
manifestó un vecino de la zona, encargado de la fumigación.
Se ve y se presume
Los plaguicidas tienen consecuencias sobre
la salud humana, algunas de ellas leves y fácilmente comprobables.
"Los días de fumigación hay ataques de alergia, la
gente tiene los ojos enrojecidos, le vienen ataques de asma. Hay mucha
gente con asma acá, con problemas respiratorios", expresó
una vecina que vive frente a la plantación.
Los efectos más graves son difíciles
de comprobar, antes que nada por falta de datos oficiales. "Aquí
no tenemos registro. Sólo se llevan algunas historias clínicas
de las personas afiliadas a mutualistas, pero de Salud Pública
nada. No tenemos gente para hacer esa tarea, sólo un funcionario",
relató a la diaria María, que cumple funciones administrativas
en la policlínica de Palmitas.
El jefe de Higiene de la Intendencia de
Soriano, Ovidio Olivera, dijo el viernes ante la Junta Departamental
que a nivel médico existe la presunción de que el uso
indebido de plaguicidas ha causado un aumento de los casos de cáncer.
El 80% de las muertes en el pueblo se deben a esa enfermedad, afirman
los vecinos.
Sin embargo, el médico Walter Martínez,
que trabaja desde hace diez años en la policlínica local
pero no vive en Palmitas, niega terminantemente que los plaguicidas
hayan tenido ese efecto. "No ha habido un ingreso importante de
gente por intoxicación desde que se comenzó a plantar
soja.
Sólo casos puntuales, de personas que trabajaron en galpones",
aseguró a la diaria. "Tampoco eso que se dice, que ha aumentado
el cáncer. No hay nada científicamente comprobado",
agregó.
Los vecinos mencionan especialmente el caso
de una persona con síndrome de Down, de unos 60 años.
"A él siempre lo cuidaba su hermana. Ese día ella
fue a trabajar y él salió de la casa y se paró
frente a la plantación a mirar. Estuvo toda la tarde. Ese día
estaban fumigando. A la noche empezó con todos los síntomas
de una intoxicación y falleció en el hospital de Mercedes",
relató una vecina.
Las irregularidades
En octubre de 2005, los habitantes de
Palmitas presentaron una carta firmada por 51 personas a la Junta
Departamental de Soriano, expresando preocupación por los efectos
de los agrotóxicos en su salud y por la escasa distancia a la
que se estaba fumigando. El MGAP recibió en enero y febrero cuatro
denuncias de habitantes de Palmitas por fumigaciones realizadas sin
respetar las distancias exigidas.
El organismo encargado de constatar si se producen infracciones en el
sector agropecuario es la Dirección General de Servicios Agrícolas
(DGSA). "Una vez que se recibe la denuncia, la Dirección
tiene 48 horas para hacerse presente en el lugar y realizar la inspección
correspondiente", explicó a la diaria Hugo Ferrazzini, de
la División Análisis y Diagnóstico de la DGSA.
Si se comprueba una infracción, sancionarla corresponde a la
División Servicios Jurídicos del MGAP.
En tres de las cuatro inspecciones realizadas
en Palmitas (el 24 el 27 de enero y el 10 de febrero) se comprobó
que las denuncias eran ciertas. Pasaron a Jurídica y allí
siguen el trámite correspondiente, que culminará en breve,
aseguraron a la diaria fuentes de la División.
Un pedido de informes al MGAP realizado
por el diputado blanco Gustavo Novales el 2 de marzo, que recién
recibió respuesta el 5 de junio, hizo saber que la empresa
Agroveterinaria El Tala SCA fumigó desconociendo un apercibimiento
previo del Ministerio (una infracción "medianamente grave"
según la DGSA) y será multada por un monto que puede ir
de 10 a 2.000 unidades reajustables.
Gustavo Kent, propietario de la empresa
del mismo nombre, y Marcos Irigaray recibirán una sanción
de "apercibimiento", es decir, se les ordenará que
no cometan nuevamente la infracción, que se calificó de
"leve" porque no tienen antecedentes.
¿Terminó ahí?
El 10 de marzo, la empresa Gustavo Kent fumigó
nuevamente, la diaria intentó contactarse con su propietario
sin éxito.
Algunos piensan que el problema es
de "ignorancia", pero un ex fumigador opinó que "se
utilizan plaguicidas de alta toxicidad sólo porque son más
accesibles económicamente". "A veces no se respeta
la dosis y se echa casi el doble de lo que tendría que echarse",
afirmó. "Ahora pararon de fumigar porque la soja perdió
la hoja y no precisa. Pero en cuanto se precise van a volver a hacerlo",
aseguró una vecina.
También se cuestiona la falta de
controles por parte del Estado.
En una exposición realizada ante la Junta Departamental de Soriano
el viernes, María Cárcamo y Flavio Pazos, de la Red de
Acción en Plaguicidas para América Latina (Rapal), sostuvieron
que la diversificación de controles en relación con los
agrotóxicos (son competentes el MGAP, el Ministerio de Salud
Pública MSP y el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial
y Medio Ambiente) hace que se diluyan las responsabilidades. Además,
se mencionó el caso de empresas que compran los ingredientes
y elaboran la mezcla que resulta en los plaguicidas, sin que nadie controle
que la fórmula sea la correcta.
Novales señaló que los controles
son muy difíciles de realizar, porque numerosas empresas de fumigación
terrestre ni siquiera se registran en el MGAP.
En Palmitas, la diaria tuvo la posibilidad
de constatar que la población utiliza los envases de agrotóxicos
como bebederos para el ganado, o para almacenar agua o leche. Rapal
advierte que aunque los recipientes se laven, siguen contaminando.
El MGAP y el MSP visitaron Palmitas y dialogaron
con la población acerca del uso correcto de los plaguicidas.
La DGSA instrumenta desde junio cursos en la materia para empresas y
fumigadores. Pero, según la mayoría de los actores involucrados,
es urgente legislar y reforzar los controles (y tal vez las sanciones).